Los planes sociales se han convertido en una madeja enmarañada. Para transformar los innumerables planes en una seria planificación social, debemos ir a su origen. Surgieron en el año 2002 para hacer frente a los gravísimos problemas de desacople social, laboral y económico que produjo el modo de finalización del régimen de convertibilidad, que generó un tsunami en los índices de pobreza e inactividad.
Los millones de afectados , exigían paliativos para salir del total desamparo. Con el apoyo financiero de los bancos multilaterales, se pusieron en marcha los primeros planes orientados a dotar de ingresos mínimos a quienes habían sido afectados por la brutal devaluación.
Pero, como en el caso de los impuestos que se propician por única vez, y luego se replican aunque desaparezcan los motivos que dieron lugar a la nueva imposición, con los planes sociales ha pasado lo mismo. Si bien no ha habido ninguna otra medida disruptiva similar a la de la anulación del sistema del 1 a 1, los planes sociales originales se han multiplicado como hongos en la selva tropical.
Todos se han ido configurando como repuestas para llenar los vacíos de la falta de políticas de desarrollo.
Antes de ingresar al tema específico, vale la pena recordar unos grandes números. El gasto social representa un 12 % del PBI. Las tres cuartas partes del mismo corresponde a jubilaciones y pensiones, con ingresos del mismo origen que son las cargas sociales. En cambio, los planes sociales, que representan el 3% del PBI, no tienen ninguna fuente autónoma de alimentación.
Un rápido análisis de los planes en vigor, muestra una duplicación extraordinaria de objetivos y medios, lo que se traduce en la ineficiencia global del sistema de asistencia social.
Es innecesario entrar en el detalle de los planes principales: 6 en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, 8 en ANSES, 2 en el Ministerio de Trabajo, 1 en Turismo, 3 en Vivienda y Habitat, 4 en subsidios en Energía y Transporte, y similares en provincias y municipios. El AUH y la tarjeta Alimentar, junto con los diferentes mecanismos que configura los Planes para potenciar trabajo a través de sistemas denominados cooperativos, sobresalen entre todos.
En el fondo, los planes aparecen como respuestas coyunturales a falencias de la gestión para responder a la injusticia del desempleo y su derivado, que es la pobreza. Y, en su evolución – que es a todas luces una involución- se van enredando y superponiendo, facilitando al mismo tiempo el desarrollo de organizaciones sociales, hábiles para administrarlos.
El Estado, fraccionado en tribus de la partidocracia, fracasó en la gestión y habilitó a las organizaciones privadas a reemplazarlo.
Su propuesta de regreso al Estado, en todos sus niveles, será como poner el zorro a dormir en el gallinero, ya que le será muy difícil al dirigente político administrar esas donaciones sin contraprestaciones electorales.
Durante el mantenimiento de la convertibilidad, cerraron grandes cantidades de pequeñas y medianas empresas por la apertura indiscriminada del comercio exterior. En el proceso de la finalización, no se reabrieron las PYMES, aunque sí se salvaron el sistema financiero acreedor y el gran empresariado deudor.
Salvo su clásica dependencia de solvencia financiera transitoria con el Estado, el sistema financiero goza hoy de una relativa buena salud. Y, por su parte, el gran empresariado ha podido mantener sus márgenes a costa, en alguna medida, del diferimiento de inversiones.
Si la razón de ser de los planes sociales es satisfacer las necesidades de quienes, al }no tener trabajo digno, no pueden alimentar ni cobijar a sus familias, la planificación social debe enfocarse a suprimir esa razón de ser.
El protagonismo de las organizaciones sociales para llevar a cabo esa tarea, mantendrá el statu quo actual de fracaso, porque es claro que el éxito de transformar planes sociales en trabajo digno, lleva al progresivo achicamiento de las mismas. Por el otro lado, como ya hemos señalado, dárselo a los organismos del Estado en sus distintos estratos, solo aumentará la capacidad electoral del responsable administrativo.
Ello lleva a ubicar como actor protagonista a quien, fuera de la política, sea ésta de acción callejera o de acción electoral, pueda actuar como gran dador de empleo, que es el sector de la pequeña y mediana empresa. Hoy hay un total de 518.000 PYMES con hasta 100 empleados, en las que trabajan 3.1 millón de personas registradas.
En investigaciones efectuadas por el UCEMA, se concluye que las PYMES, en momentos de crisis, son las más reacias a ajustar planteles, ya que hay un gran contenido de entrenamiento y capacitación. Algunos análisis indican qué salvo casos muy específicos, en las PYMES, la relación producción por trabajador y por máquina es inversa a la de las grandes empresas. En otras palabras, la productividad está más ligada a la unidad labor humana que a la unidad labor máquina.
Reenfocando entonces el problema a resolver y aceptado que la cesión de la responsabilidad a las organizaciones sociales y/o las instituciones del Estado, acrecentará el problema ya que para ambos sectores el éxito de cualquier programa de acción que transforme un plan social en trabajo digno representará su inexorable achicamiento, es necesario propiciar las condiciones para motivar el protagonismo de las PYMES como generadoras del empleo que reemplazará al plan social.
Esas condiciones requieren varios presupuestos. Un presupuesto es un incentivo adecuado. Otro presupuesto es la capacitación. Un tercer presupuesto, es la paciencia para desarmar el andamiaje existente y reemplazarlo por otro, donde los roles se reperfilen
El incentivo debe tener dos características, Una es cuantitativa, a través de beneficios fiscales, créditos, soportes temporales de cargas sociales, etc. Otro es cualitativo, para que haya un reconocimiento social al esfuerzo de incorporar nuevo personal. Ello podría hacerse, por ejemplo, incorporando tal circunstancia a la etiqueta del producto.
La capacitación debe hacerse a través de instituciones educativas y donde el aprendizaje práctico reciba una orientación adicional empresarial.
El reperfilamiento de los roles exige un delicado estudio de los fines y conductas de las organizaciones sociales intervinientes para amortiguar el desgaste de la batalla por el poder, que es parte indubitable de lo que está en juego.
Todo el sistema requerirá tutelaje personalizado para supervisar el proceso del cambio de beneficiario de plan social a empleado estable. Se estima un tutor por cada 30 empleados en el programa, durante un máximo de tres años y éstos deben surgir de las plantillas gubernamentales actuales, o sea con el carácter de carga pública y solo con un plus para el funcionario.
Si la meta en los próximos tres años la meta fuera la de reducir en 600.000 personas los beneficiarios de los principales planes sociales orientados al trabajo, ello representaría, 20.000 tutores y 100.000 PYMES. No cabe en esta simple enunciación de razones y propuestas, pero solo cabe recordar la gravitación universal de los resultados positivos, hasta en la mayor recaudación fiscal por nuevas fuentes genuinas de producción y comercio.
La planificación social es una tarea del Estado indelegable. En este caso exige tratar el cambio de un Estado benefactor al de un Estado promotor de trabajo. En el fondo salir de la comodidad de la pasividad reactiva para entrar en el compromiso de la actividad para todos.
por Nicolás Gallo
24 de junio 2022
