Es un dato doloroso y escandaloso que en un país como la Argentina, con abundantes recursos naturales y humanos, haya hambre y que más de 14 millones de argentinos estén bajo la línea de pobreza. La pobreza, según el Indec, alcanza al 35,4% del total de la población y la indigencia se elevó al 7,7 %. Son cifras extraordinariamente altas, heredadas del gobierno anterior, que lamentablemente han aumentado durante el gobierno de Macri.
Hay más de 14 millones de personas pobres sobre un total de 40,5 millones, y más de tres millones se encuentran en la indigencia. El gobierno kirchnerista dejó un problema fundamental en el sector fiscal, con un gran aumento de los empleados públicos, que pasaron del 21% al 29,3% de la ocupación total; un incremento significativo de los planes sociales; un fuerte aumento de las jubilaciones de todo tipo, incluso sin aportes, y el otorgamiento de subsidios energéticos mayúsculos.
El Gobierno, al asumir, en 2015, por motivos seguramente políticos, no mostró la realidad que representaba el gasto público, y el número de empleados siguió aumentando; a fines de 2018, el porcentaje se ubicaba en el 29,5% de la ocupación total, el más alto de toda nuestra historia. Entre 2003 y 2015, la gente que cobraba del Estado -trabajadores y prestaciones sociales incluidos- creció un 124%, una cifra exorbitante. En 2002 cobraban 7.000.000, y esa cifra representaba el 20,4%; de la población total hoy cobran más de 19.000.000 de personas, o sea el 43% de la población total del país.
La inflación en la era Macri fue del 40,30% en 2016, 24,80% en 2017, 54% en 2018 y es de esperar un 60% o algo más para 2019. Llevamos casi 80 años y no hemos podido superar el fenómeno inflacionario. En el primer gobierno peronista, la inflación fue de 19% anual promedio, mucho más alta que las de todo el siglo anterior. Desde 1956 hasta 1972, período de golpes de Estado y gobiernos civiles, la tasa se incrementó al 29% anual. En el segundo gobierno peronista, fue de 78% anual. El Proceso no se quedó atrás, con una tasa de inflación de 191% anual, y con el gobierno de Alfonsín la inflación llegó al 471% promedio anual.
En el gobierno de Menem la inflación llegó al 58%, aunque hubo varios años de estabilidad durante la convertibilidad, que no pudieron consolidarse debido al aumento del gasto público. Después de la devaluación de 2002 se reinició el proceso de suba de precios y el promedio del kirchnerismo fue del 19%, con inflación reprimida en 2015. Es imposible echarle la culpa a un gobierno o partido en particular, pues en todos los casos hubo una inflación inmanejable.
En educación, más del 23% de los adolescentes se encuentran en situación de déficit educativo (no asisten a clases o lo hacen con sobreedad). En la escuela estatal secundaria solo el 30% de los alumnos terminan a tiempo y solo el 50% terminan la secundaria; el resto abandonan. La Argentina es uno de los países del mundo donde menos jornadas de clases se dictan, debido principalmente a las huelgas docentes. En las pruebas Aprender, el 70% de los alumnos de quinto y sexto año no pueden resolver problemas matemáticos sencillos y el 46,4% no comprenden textos básicos. Los resultados revelan una gravísima crisis educativa.
¿Cuáles son las causas de la pobreza de los argentinos? ¿Qué es lo que nos ha llevado a esta situación de lamentable decadencia? Hace más de 25 años, un economista argentino de notable lucidez, Carlos Moyano Llerena, escribía para LA NACION una serie de artículos sobre la pobreza de los argentinos, sus causas y una propuesta de solución, algunas de cuyas conclusiones vale la pena recordar. La Argentina cuenta con valiosos recursos productivos que le permitirían lograr un alto nivel económico, a la inversa de lo que sucede con un centenar de países pobres y atrasados, que no ofrecen posibilidades de mejora sustancial.
La causa de la pobreza argentina radica en una mala utilización de sus favorables recursos, que están dedicados a actividades de baja productividad, especialmente en la industria. Eso se debe a que tanto empresarios como trabajadores buscan el éxito económico no en el esfuerzo competitivo, sino en protecciones estatales o privadas de diversa índole. Otra de las causas ha sido la persistente inflación, cuyo origen fue, por una parte, monetario y, por otra, social (la puja por la redistribución de ingresos y mejoras salariales que buscan los distintos sectores de la economía). Hay diversos motivos por los cuales un país muy pobre puede inclinarse por el modelo socialista, que propicia la intervención del Estado en todos los órdenes. Pero lo que carece de todo sentido es esperar por este camino un aumento de la producción de la riqueza, como lo demuestra toda la experiencia contemporánea.
La otra solución que se propone proviene del pensamiento liberal. Consiste en achicar al máximo el Estado, dejando en la más completa libertad las fuerzas del mercado, guiadas por el interés privado. Sin embargo, la economía argentina constituye un excelente ejemplo de cómo la suma de la búsqueda egoísta de los intereses privados -propia de los últimos 70 años- ha redundado en un perjuicio y no en un beneficio colectivo. Se dirá que eso se debe a las intervenciones estatales, pero ellas no fueron más que uno de los medios de que se valió la iniciativa privada para protegerse de la competencia. No se escucha decir a los políticos liberales si sus programas incluyen la inmediata supresión de la protección aduanera a la industria; tampoco se conoce cuáles son los medios que evitarán las colusiones oligopólicas privadas o la acción combinada de empresarios y sindicalistas para asegurarse beneficios particulares en contra del interés público.
La oposición y el temor al cambio están arraigados tanto en muchos empresarios, que quieren mantener el statu quo, como en muchos sindicalistas, que no quieren ver perjudicada su situación tradicional, y en el mismo Estado. Mientras no se tenga en cuenta que el centro del crecimiento económico reside en la productividad, y no en la redistribución de lo poco que otorga la economía atrasada y empobrecida, y que es necesario erradicar la corrupción pública y privada, no habrá posibilidad de modificar las actitudes. Para lograrlo, es necesario promover las virtudes de la honradez, la laboriosidad, la justicia, la veracidad, la disciplina, la solidaridad, el patriotismo y todo lo que conforma el capital social de una nación.
El ritmo de los avances no dependerá tanto de la economía como de la política y la cultura, y de la capacidad que tengamos los ciudadanos de acordar entre todos, por encima de las ideologías, ciertos intereses comunes, concretos, cimentados en un mínimo de justicia y de amistad ciudadana que nos permita salir del egoísmo reinante y poder aspirar los argentinos todos, como nos decía Ortega, a un proyecto sugestivo de vida en común.
Por Juan Marcos Pueyrredón
Abogado y profesor de Derecho y Ciencias Políticas UCA
FUENTE: Diario La Nación – Publicado el 7 de octubre de 2019
