En un año en el que la COVID-19 aun afecta  la salud y el bienestar de  los habitantes del planeta, la 74.ª Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud desarrollada entre el 24 de mayo y el 1 de junio pasado ha hecho hincapié en la urgencia de poner fin a la actual pandemia y prevenir la próxima construyendo un mundo más sano, más seguro y más justo. 

Al cierre ,el pasado 1º de junio el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio hicieron un llamamiento extraordinario a los mandatarios de los gobiernos para financiar medidas que permitan acelerar el fin de la pandemia de COVID-19 haciendo inversiones relativamente menores que las gastadas hasta la fecha para  paliar las pérdidas económicas sufridas, orientadas de ahora  en más a impulsar la capacidad de fabricación, la oferta, los flujos comerciales y la distribución equitativa de pruebas diagnósticas, oxígeno, tratamientos, suministros médicos y vacunas.

En opinión de los expertos, deberemos convivir con el virus, y la estrategia que recomiendan mantener en el tiempo es multiplicar las pruebas diagnósticas, y acelerar la vacunación.

Ahora bien, el concepto de “emergencia” es de “accidente…peligro o desastre que requiere una acción inmediata”, “urgencia para a salir de un apuro o peligro” .En consecuencia deja de ser un criterio válido para  aplicarse a situaciones estructurales, por más graves o dañinas que sean, pero que no pueden calificarse ya como imprevistas o accidentales y pasan a configurarse como males congénitos o crónicos, que requieren previsión,planificación y dinamismo para esfuerzos prolongados en el largo plazo.  Siguen siendo cuestiones graves, pero que deben ser enfrentadas como tales, y no con alarma de urgencia.

En consecuencia, estando en debate entre nosotros la permanente invocación de “estado de emergencia”, con que se ha manipulado nuestra convivencia y afectado nuestros patrimonios y actividades, durante los últimos 30 años, debemos estar muy alerta cuando se escuchan estas palabras, que en realidad buscan la desorganización y docilidad de la convivencia social para encerrarnos en el brete de la autocracia. Y así como hay que escuchar cuidadosamente las palabras que se emplean y medirlas en su peso específico, también deben repararse en los silencios, las complicidades. Nadie de entre los agrupaciones y sindicatos, tan celosos en la defensa verbal de derechos propios y obligaciones ajenas, ha sido escuchado pidiendo que se regularicen las actividades a través de testeos y vacunaciones masivas de docentes y profesores, de jueces y empleados judiciales, de los empleados bancarios, o del personal gastronómico. Nada han dicho al respecto los legisladores en sus leyes ómnibus, ni tampoco se ha visto que hayan presentado normas tendientes a la inmediata facilitación de las telecomunicaciones donde se nota la total ausencia de un plan lógico y racional de internet masiva,que permita precisamente lo que se quiere propiciar que es el teletrabajo y la tele educación. Nada hay tampoco sobre el fortalecimiento del régimen sanitario, organizando y becando una rápida formación de auxiliares de la medicina y de especialistas en terapias intensivas. O la reclamada aceleración por las universidades de la expedición de los títulos de quienes han completado sus estudios de medicina y disciplinas conexas, y se encuentran impedidos de ejercerlas por el cierre de las actividades administrativas.

Una ciudadanía alerta, puede y debe, en consecuencia, no sólo mirar la circunstancia inmediata, sino también saber reclamar y exigir transparencia en las decisiones, coherencia en los fundamentos, y debidas previsiónes, por todos los responsables políticos ya sea de gobiernos como de las oposiciones, sobre las medidas futuras para para una convivencia regular en paz y en libertad según los lineamientos de nuestros derechos constitucionalmente declarados.

por Roberto Antonio Punte