Si el presidente Alberto Fernández hubiera tenido de asesores al ex senador Ricardo Gómez Diez y al ex diputado Carlos Abihaggle, no se hubiera equivocado. Lo asesoraron mal, y firmó el decreto incorrecto, inspirado en el caso Ciccone, cuando tendría que haber tenido en cuenta el antecedente del Ingenio Tabacal.

En ambos casos el asunto se resolvió por decreto, pero en lugar del camino virtuoso, le sugirieron el camino más tortuoso para el Estado argentino, con pésimos antecedentes como el de YPF, Ciccone, Grecco, o Sasetru, por citar algunos.

Desde la épica se intenta instalar la idea de que se procedió como en YPF, para vincular el discurso entre soberanía alimentaria y soberanía energética, pero no es así: YPF no estaba concursada. El ejemplo que siguieron es el de Ciccone, que sí lo estaba, pero claro, es un caso manchado por el escándalo de la soberanía del billete.

Al intervenir Vicentín, el presidente se atribuyó facultades judiciales que no tiene, pues son propias del juez del concurso, quien es el único director del proceso (cfr. Graziabile, Maffia), violando los principios más elementales del proceso concursal. En el caso Vicentin ignoraron al juez Fabián Lorenzini, de Reconquista, el único que podría designar un administrador judicial conforme a la ley. Hicieron lo mismo en 2012 en el caso Ciccone, con el juez Javier Cosentino. En ambos casos dispusieron por “sesenta días” una “intervención transitoria”, mediante decretos casi idénticos.

Quien sugirió este camino no reparó en el antecedente que resolvió un caso muy parecido, sin violentar la ley, y sin perjuicio para el erario público. El Ingenio Tabacal era a Salta lo que Vicentin representa en Santa Fe: empresas emblemáticas y de familias tradicionales. Tabacal, al igual que Vicentin, empleaba miles de personas, estaba concursada, tenía una deuda muy importante con el Banco Nación, y un poco más del 60% de su pasivo estaba en manos del Estado (ANSES, DGI, Banco Ciudad, Banco de Salta, entes provinciales, etcétera). Pero se resolvió de manera absolutamente distinta.

En 1993, el presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Cavallo establecieron, mediante los decretos 1164 y 1845, un régimen para que empresas en una delicada situación financiera pudieran superarla en base a un programa de reestructuración de sus respectivas deudas.

En 1994, por el decreto 585, lo complementaron con un régimen de capitalización de deudas en manos del Estado, que incluía la inmediata salida de los accionistas, para que no repitieran las experiencias negativas que ellos habían generado, con el objeto de preservar las fuentes de trabajo, facilitar el cambio de conducción empresaria y realizar nuevas inversiones para lograr empresas eficientes y viables económicamente. Y el Estado, en vez de poner, recuperaba plata.

En 1995, Tabacal, se acogió a ese régimen, y el Ministerio de Economía capitalizó las acreencias del Estado nacional. También capitalizaron sus créditos los acreedores privados, y rápidamente, apareció la solución. Nuevos inversores se interesaron en adquirir la empresa, y finalmente en 1996 la Seaboard Corporation compró la mayoría accionaria, permitiendo al Estado nacional recuperar sus acreencias al vender las acciones que había recibido. Hoy, Tabacal sigue funcionando.

En los antecedentes del caso se conserva el intercambio epistolar entre el senador salteño Ricardo Gómez Diez, y el secretario de Asuntos Fiscales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el mendocino Carlos Abihaggle. Trabajaron, desde la oposición y el oficialismo, en resolver el asunto.

El espíritu que los animó surge de ese diálogo propio de hombres de Estado. Sin especulación buscan la solución. Hombres discretos, uno constitucionalista, el otro economista, ambos son profesores universitarios, tenían diferencias.

En 2003, Gómez Diez era candidato a vicepresidente de Ricardo López Murphy, mientras que Abihaggle era designado embajador en Chile por el presidente Néstor Kirchner. Nunca renunciaron a sus convicciones, pero juntos trabajaron por el país.

Y si no fuera por la insoportable estridencia del debate por Vicentin, este antecedente seguiría sepultado en una olvidada carpeta de archivo.

por Mariano Gerván*

La Nación, 23 de junio de 2020  

* Mariano Gerván  Director de la Carrera de Posgrado de Especialización en Políticas Públicas – UCALP