Aceptando la sabiduría de aquello que “no hay mal que por bien no venga”, un resultado negativo de la súper cuarentena decretada invocando la pandemia ha sido no sólo la desaparición de miles de empresas y negocios pequeños y medianos , sino también de grandes empresas mudadas a  países mejor gobernados, con su correlativa aniquilación de gran cantidad de puestos y oportunidades de trabajo, más la negativa experiencia en materia de deficiente funcionamiento de los servicios de transporte, sanidad, justicia  y educación etc.

Esta nota no pretende ser científicamente exacta, sino más bien abordar un efecto en cierto modo notorio de la medidas de cuarentena en la pandemia a partir de marzo de 2020.

En ese momento se dispensó de prestar servicios presenciales de 3 millones y medio de empleados del Estado nacional, provincial y municipal , y sustituirlos, por tareas remotas desde sus hogares. Mirado en  perspectiva luego de transcurridos 18 meses la impresión es que la vida ha transcurrido en relativa normalidad, esto es ,que los impuestos se  han cobrado, los sueldos se han pagado, y todos estamos un poco más pobres, con nuestra esperanza de crecimiento personal y social, severamente dañada.

Pero podemos anotar en el activo para reflexionar y aprender, que es posible medir cuánto hay de redundante e innecesario en las estructuras burocráticas estatales , ya sean nacionales, provinciales, municipales, o de empresas públicas.

De acuerdo con el diccionario  “lo fantasmal” significa una “visión quimérica ,en sueños o en imaginación”, imagen de algo muerto que se aparece a los vivos. También “persona envanecida y presuntuosa”,” que “amenaza con un riesgo o temor que sobrevenga,” algo inexistente o falso…. Frente a los fantasmas, José Hernández puso  en boca del Martín Fierro, las reglas del ciudadano bien plantado, “las contiendas no me gustan, pero ni las sombras me asustan, ni bultos que se menean”…

Todos estos sentidos son aplicables a esa alegoría titulada  “el Estado te cuida”, y mientras tanto “quédate en casa”, abandonando trabajo, estudios, y delegando en muchos funcionarios responsabilidades y cargos que resultaron fantasmales en el sentido de estar mal ejercidos o no ejercidos durante meses.  

Nadie más claro que la propia vicepresidenta en su esquela denunciante de  los “funcionarios que no funcionan”, que vale hoy, a medida que se supone empiecen a “ funcionar”, para advertir que mientras no estaban, “no ha pasado nada”, es decir que es simulación o fantasía su presencia operativa, como ejecutores de planes de gobierno.

Y a veces, muchas lamentablemente, su regreso al desempeño deviene en pesadilla cuando empiezan a estorbar las libertades cualesquiera fuera su campo, ante  el trabajo, la economía, los estudios etc.

Reitero, la ausencia de decenas de miles de burócratas nos ha demostrado que en realidad no hacían nada que pudiera  servir, pues sobrevivimos sin ellos.

Y, a medida que retoman sus sillas, botones, teléfonos y computadoras, y arremeten pergeñando  reglamentaciones, protocolos, decretos o lo que fuere, se advierte cuán molestos resultan para los fines sociales de la convivencia pacífica, la eficacia en el desarrollo y la producción, la prestación de servicios públicos esenciales, el orden público, y la distribución equitativa no sólo de los ingresos sino también de las cargas.

A la vez, en correlativo, muchas ausencias y malos desempeños nos ilustran sobre lo que es realmente lo “esencial”, que debe reforzarse y cuidarse.

Para nuestra Constitución es esencial la forma republicana de gobierno, lo que implica que puntual y fielmente deben cumplir sus funciones los poderes legislativo-sus dos Cámaras de diputados y senadores-, el Judicial en todos sus niveles, y el Ejecutivo en lo que hace a la administración general y el orden público. Es obligación del Estado preservar el valor de la moneda y el funcionamiento del sistema bancario,

La regla básica de nuestro contrato social es la Constitución y los fines expresados en el Preámbulo nos dicen que debe ser cuidados de modo eficaz y efectivo el orden público, la libre circulación, la salud, la paz interior y  exterior, y los derechos a  “saber de que se trata”-o sea la veracidad y transparencia de los actos de gobierno-, y a asociarse, trabajar y ejercer industria  lícita.

El Estado en todas sus manifestaciones es un poder que se legitima  en su  servicio, y no puede violar innecesariamente las libertades individuales de cualquier índole y debe facilitar que éstas sean ejercidas por la población ,actuando supletoriamente en guardar el equilibrio,  no sólo en la equidad de las ingresos, sino también en la distribución de las cargas públicas. El principal “precio cuidado”, debiera ser el del costo del Estado que está medido por los impuestos que recaen sobre la población. Y que se calificará  en su eficacia y productividad en la medida en que esos impuestos , sirvan exclusivamente para la buena vida de la gente, y no para el crecimiento y bienestar de la casta burocrática y el clientelismo, tanto de empresarios “amigos”, como de las familias empobrecidas por esa doble via de la corrupción: tanto la de  medrar en el cargo, como la de confundir la esforzada función pública con cualquier modalidad de “mal desempeño”, entre ellas la viveza de saber pasar inadvertido, no molestando  y a la espera que  la docilidad se premie con ascensos en la escalera. 

De acuerdo con la Constitución y los tratados, además de la forma republicana, deben cuidarse la educación y  el orden público, lo que significa una justicia pronta, lista y eficaz para resolver los conflictos pacíficamente, y estos servicios “esenciales”, deben regularse de manera que  estén al servicio del público, se presten todo el tiempo, sin interrupciones,  los 365 días del año.

Es cuestión de que aprendamos pues de lo que hemos vivido y saquemos las conclusiones del caso.

por Roberto Antonio Punte