LA REPÚBLICA ESTÁ EN COMA

Escribe Guillermo V. Lascano Quintana

La lentitud exasperante de algunos jueces en la prosecusion de las causas en las que entienden y la ilegalidad de sus resoluciones, sumada a la cuestionable conducta de muchos de ellos, en su vida privada, pone a la republica en peligro de extinción.

El que suscribe, abogado durante casi cinco décadas, no recuerda, en épocas de normalidad constitucional, una justicia tan cuestionada, tan expuesta a los rumores, casi siempre comprobados, tan lenta, tan poco respetada, como la de estos tiempos. Comidilla diaria de abogados, litigantes, periodistas y simples ciudadanos.

Son los jueces quienes en nuestro sistema constitucional deben velar por que se respete la vigencia de las leyes, para lo que es imprescindible que ellos lo hagan primero, en silencio y a través de sus sentencias que es como deben expresarse los magistrados.

En estos días subsisten supuestos “procedimientos judiciales” que claman por su inmediata normalizacion.

No se trata solo de aquellas causas que, de magnitud sorprendente, aparecen en las ultimas semanas y apabullan a ex gobernantes o a sus presuntos socios, revelando una obscenidad sin precedentes.

Hay también “prolongaciones” inusitadas de “juicios” contra ancianos, con probanzas inverosímiles, asi como nuevos “juicios” con similares anomalías, “que claman al cielo”, promovidos en son de venganza por supuestas victimas que fueron, en realidad victimarios.

Magistrados que asumen, sin vergüenza, posiciones políticas y “militantes” incompatibles con la imparcialidad y majestad con la que deben juzgar a sus semejantes, son desenmascarados por una prensa que opera casi como un poder estatal frente a la inoperancia y desidia con que lo hacen los encargados de defender los principios liminares de nuestra Constitucion. Un escandaloso desaguisado que no terminara bien, si no se encauza.

Todo ello importa una verdadero descontrol, muchas veces tolerado por políticos inescrupulosos y hasta ponderado por sectores sociales que comulgan con los “fines” declamados de mayor justicia, olvidando que  los jueces tiene que aplicar la ley.

Urgen decisiones políticas para poner orden y evitar males mayores. Entre ellas el desplazamiento de jueces y fiscales que no cumplan con sus obligaciones, la exigencia de máxima celeridad en la terminación de procedimientos judiciales de inusitada antigüedad y el estricto apego a las leyes no solo por parte de los jueces sino también de los fiscales que deben ser implacables impulsores del apego a la ley.