TIEMPO DE COMICIOS Y DE  REVISION DE CONDUCTAS

Por Guillermo V .Lascano Quintana

Comenzó el tiempo de los comicios. Queramos o no, hasta fin de año, gran parte de la actividad ciudadana estará involucrada en las pujas electorales tanto provinciales como nacionales.

Conviene, para poner la historia en perspectiva, señalar algunas circunstancias que pretenden “aclarar los tantos”, como diría el paisano.

Cualquiera sea el resultado final de los juicios que se están sustanciando contra funcionarios de los gobiernos de los Kirchner, contra la propia ex presidente y contra sus cómplices empresarios y sindicalistas obreros, está claro para todos que los argentinos hemos sido víctimas de un despojo criminal de nuestro patrimonio. Esto es notorio y no admite cuestionamiento alguno.

Sin embargo –y esto sí que es de una gravedad mayúscula- existen, crease o no, quienes pretenden condonar la gravedad de estos hechos y argumentan primero que la “revolución”  requiere acciones similares a las atribuidas a “Robin Hood”, esto es despojar a los que tienen para dar a los que no tienen. Y luego que   para hacer “política” es necesario  amasar grandes fortunas por lo costos ocultos que requiere la propaganda electoral etc…Lo que en los noventa, sagazmente, tituló nada menos que  Horacio Verbitsky, “Robo para la corona”.

Ninguno de estos argumentos resiste la crítica, no ya la lógica jurídica, sino incluso la de las  lecciones de la historia. Este razonamiento es igual al que sostuvieron los bolcheviques a comienzos del siglo 20, los chinos y los cubanos después y así les ha ido. No parecen, ni para el más inocente de sus partidarios, ejemplos a seguir y así les está yendo a los venezolanos.

Por supuesto esta afirmación se manifiesta de diversos modos y la hemos visto y sufrido en diversas épocas, utilizando distintos instrumentos, no siempre delictuales. .

No es lo mismo una carga impositiva insoportable, un pésimo gasto público o regímenes sindicales retrógrados, que el robo de bienes del estado o las malversaciones, cohechos y demás delitos atribuidos a quienes están siendo juzgados por ello y a quienes se juzgue en el futuro por idénticas causas. En el colmo del desparpajo y ambición suicida hay justicialistas y afines que insinúan indultos excusatorios a quienes sumieron al país en la indigencia y, a la vez, se enriquecieron. Puede definirse a la corrupción como «el abuso del poder público en beneficio privado«, y por eso la reforma de 1994 dispuso en el artículo 36, con extrema severidad, «atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento y quedará inhabilitado por el tiempo que la ley determine para ocupar cargos o empleos públicos». La ley de ética pública obliga a los funcionarios a desempeñarse con «honestidad, probidad, rectitud, buena fe, y autoridad y austeridad republicana”, estando prohibido obtener beneficios tanto «la realización, el retardo o la omisión de un acto inherente a sus funciones» « ni “imponer condiciones especiales que deriven en ello”. Y para la inhabilitación como candidato, basta con la condena sin el requisito de que esté firme, puesto que  a partir del auto de procesamiento desaparece la «presunción de inocencia», estando a cargo del imputado demostrar que sí lo es.

Sin embargo estas cuestiones parecen estar ajenas del debate político electoral. Todo se centra en si el gobierno es eficiente o no en el ejercicio de su cometido, cumpliendo o no con sus promesas y mejorando la performance del país y contribuyendo al bienestar de sus ciudadanos.

Sorprende que buena parte del periodismo se centre sólo en la situación económico financiera y al mismo tiempo soslaye la mención o el análisis de los orígenes del presente.