Roberto Antonio Punte
En el más de medio siglo de actuación profesional, tanto ante los tribunales federales como en los ordinarios, locales o de la provincia de Buenos Aires, nunca pensé que vería la situación judicial reflejada en los términos de aquella línea del viejo tango de Discépolo, “en un requiesca im pache tan cruel como el de hoy” . Como un jinete sin cabeza, o sea privada de conducción o liderazgos ejemplares, luce como una cohorte desordenada donde cada cual hace lo que se le ocurre o puede, sin “aplazados, ni escalafón”, donde la justicia, ni la lenta ni la pronta(art.8º CIDDHH), luce por su ausencia.
Ha fracasado el Consejo de la Magistratura en llenar el rol constitucional de integración equilibrada y adecuada selección de los magistrados, así como en lo que le corresponde en la administración general-compartida en su mayor parte con la Corte Suprema- y de ninguna manera colabora con el deber de “asegurar…la “eficaz prestación de los servicios de justicia”(art.114 inc.6º) ,cuya ineficacia es un hecho notorio. Esto se refleja en la morosidad en los concursos, la falta de verdadera supervisión del desempeño de los jueces, las falencias serias en la administración edilicia del poder judicial.
En lo disciplinario-art.114 inc.4º-, se advierte la ausencia de la comprensión de la necesidad de seguimiento y apoyo de los jueces nuevos, y sólo parece sacudirse la modorra muy de vez en cuando en alguno de los peores casos de incumplimiento, de modo tardío, cuando los daños ya han ocurrido. Toda tarea disciplinaria bien cumplida incluye la observación y la instrucción para sortear las dificultades del nuevo empleo, como parte de la imprescindible capacitación permanente, pues precisamente uno de los sentidos de la palabra consiste en “enseñar y aleccionar a alguien en su profesión”… y no sólo reaccionar cuando existen graves errores o mala praxis.
Este mal funcionamiento ha repercutido de modo indirecto en cuanto que correlativamente se ha debilitado o desaparecido el rol de guía docente y de liderazgo de las presidencias de las Cámaras, antes usual.
Las mínimas rectificaciones actuales no han incidido en cambios de relevancia y se advierte claramente el desgano de la clase política por asumir las reformas imprescindibles como para que cumpla el rol asignado por el artículo 114 de la Constitución.
Siendo que la información del Consejo está desagregada de modo que impide una visión global del problema, según fuentes periodísticas existirían alrededor de 100 jueces federales pendientes de designación, lo que no garantiza nada en materia de mejora, si a la vez no se establecen serios mecanismos de seguimiento en el desempeño, por lo menos durante los primeros años de ejercicio.
Este mal existe también en las provincias y en la muy cercana de Buenos Aires se informan 500 vacantes aunque existan 319 con terna ,151 concursos y 38 ternas ya elevadas al Senado según una fuente consultada (Fuente.www.letrap.com.ar/2017-10-4-10-56-0-la justicia puede esperar). En el pasado un cuadro semejante podría haber dado lugar a la intervención prevista en el artículo sexto de la Constitución, pero hoy en día sólo es posible pensar en la autorreforma , la que sin embargo es notoriamente resistida por una acción conjunta de funcionarios, empleados y magistrados de todos los niveles.
Sobre este tema, puedo eximirme de usar palabras propias, para sustituirlas por las de Julio Piumato , quien- soslayando la corresponsabilidad que implica que su facción ha gobernado el gremio de los empleados judiciales, desde 1990 – en una “Carta a los Judiciales” escrita el 29 de diciembre de 2017 describe el estado de “colapso” de la justicia, pues, ” mientras la demanda de justicia se multiplicó por seis o siete veces en los últimos 20 años, las plantas de personal prácticamente permanecen iguales”, siendo que “cada agente judicial excede largamente sus obligaciones reglamentarias… haciendo tareas que son propias de los jueces en lo que se conoce como delegación de funciones de hecho porque no están consagradas en un código ni en ningún reglamento”. Este tema de la delegación de tareas merece un párrafo especial porque es una de las corrupciones sistémicas. Como el código procesal permite que muchas decisiones bajo la forma de “providencias simples” para el desarrollo del proceso (artículo 160 CPr.CN) sean dispuestas o proyectadas por los secretarios y oficiales primeros , quienes a su vez las delegan en el personal a su cargo, los jueces no las controlan, e incluso acostumbran firmar rutinariamente sin verificar todo aquello que aparece como de trámite. Esta práctica incentiva a los redactores a esquivar decisiones que deban fundar o explicar, o que obliguen a repasar el estado de la causa. En consecuencia el trabajo se limita en lo posible a despachos de “mero trámite”, lo que convierte los juicios en un interminable laberinto de despachos “previos”, vistas, redundantes notificaciones, pases a fiscales, asesores, pedido de informes o aclaraciones, generando un universo circular interminable que explica en gran medida el alargamiento indefinido de los juicios. Por eso cabe calificarlo, de corrupción “sistémica” pues impide “la eficaz prestación de los servicios de justicia “(ar.114 inc.6ªCN)” y en que esto ocurra a través de “un procedimiento sencillo y breve”(DADDHH-art.18 ),”dentro de un plazo razonable”(art.8º CADDHH).
Cuando la prensa habla de corrupción se concentra en los casos penales federales más notorios, sin ver esta otra forma de mala praxis, donde todos hacen como que trabajan pero sin realmente ocuparse de arribar a decisiones expresas, positivas y precisas, de acuerdo a los hechos y el derecho del caso, que es el núcleo del verdadero trabajo de los jueces. Por cierto ,existen corresponsabilidades. El Ministerio Público, malinterpretando su independencia y perdiendo de vista su deber de “coordinación con las demás autoridades de la República” (artículo 120 CN), no ha adherido al expediente electrónico, ni respeta los plazos procesales en sus intervenciones, contribuyendo de este modo al mal funcionamiento general. Y el Estado nacional, gran litigante, que a fines de 2016 registraba 1,635.081 demandas de cobro como actor, de las cuales más del 30% no superaban los $ 5000, tampoco respeta en sus informes y presentaciones el acatamiento al régimen electrónico, y registra también una cantidad casi equivalente cómo demandado. Además sus representantes han mantenido la mala costumbre heredada de épocas anteriores, de apelar indiscriminadamente cualquier resolución, y de incumplir las sentencias, aún vencidos los plazos presupuestarios preestablecidos para ello.
Volviendo a la “Carta..” del pasado 29 diciembre, la misma plantea una dura crítica a la obsolescencia edilicia y las condiciones de trabajo “con 35° o 3°, sin aire acondicionado, ventilador, calefacción o estufa o cuando se cae el sistema de gestión obsoleta que traba todos su esfuerzo de trabajo, o el mobiliario.. ” incómodo en edificios inadecuados,o la tarea insalubre por “traslado de expedientes en manipulación de pesados fardos de los mismos…o “ por la vista afectada por la mala o nula iluminación… o los sanitarios e instalaciones edilicias… sin las mínimas condiciones de salubridad o seguridad exigidas”.
Solo pondera como meritorio logro del año un más bien reprochable beneficio sectorial: “la trascendente sanción de la ley de impuesto a las ganancias… excluyendo a todos los magistrados, funcionarios y empleados de la justicia nacional y del ministerio público… y a todos los judiciales de los sistemas provinciales y a nuestros jubilados”, lo que “constituyó un hito que muchos aún no terminan de valorar, hito en que la UEJN junto con el Presidente de la Corte tuvimos un papel fundamental”…
Lo cierto es que insta a la acción conjunta para resistir el “desafortunado ataque público del Presidente de la Nación a los trabajadores judiciales enmarcado en un permanente ataque al poder judicial donde el gobierno pretende sacarse de encima su responsabilidad en todos los males que golpean a nuestra sociedad (pobreza, inseguridad, crimen organizado, corrupción, narcotráfico etc. ) tirándosela a los jueces”, lo que califica de “injusto y falaz”. Frente a eso convoca a la resistencia para “frenar esta ofensiva”.
Ahora bien, esta resistencia se funda en una serie de consignas, consistentes en “no al traspaso, no a la flexibilización, no a la reforma pendiente ,no a la reforma previsional”, en lo que configuran una clara contradicción, pues si hay algo que surge nítido del diagnóstico anterior es la necesidad urgente de muchas reformas.
En cambio, se acudió al cese de actividades, algunas sectoriales como los de la morgue judicial el 10 de octubre, y otros paros como los ocurridos los días 9 de febrero, el 1º, 14,18 y 19 diciembre, en este caso un paro judicial de 36 horas. Lo llamativo es que ninguna autoridad declaró inhábiles tales días, eximiendo así a los jueces de tomar asistencia o denunciar faltas, lo que ha configurado una verdadera ficción jurídica de normalidad que no es tal.
Esto sin contar el día del trabajador judicial del 16 de noviembre ( ley 26,674) y los innumerables días en que no se presta servicio de justicia al público por pintura, refacciones, ordenamiento, reinstalación de sistema informático, etcétera. Como muestra basta un botón, y voy a dar el del Juzgado Civil 73, que para plastificado de pisos, cerró su actividad pública desde el 6 diciembre hasta fin de año.
Lo peor de esta “CARTA A LOS JUDICIALES” es que culmina anunciando que “2018 será año de lucha y de propuesta”, asumiendo para eso la conducción de los “proyectos que permitan que nuestros ciudadanos encuentren justicia”, lo que corrobora la inicial opinión vertida al principio de este artículo sobre el desplazamiento de la cabeza del poder judicial a la que estamos asistiendo. Es que según la regla del ”horror vacui” todo vacío tiende a ser llenado, siendo notorio que este rol ha sido asumido por el gremialismo levantando la bandera contrarreformista , que según se ha visto ,cuenta con el asentimiento y conformidad de muchos de los integrantes de la corporación judicial . Como no es de esperar que una lluvia de fuego y azufre caiga en la plaza Lavalle, cabe, en cambio, que haya más de 10 personas justas, probablemente centenares y aún miles entre los afiliados y simpatizantes lectores de la indicada carta, de los que tal vez emerjan quienes asuman acometer estos molinos de viento y los sacuda de su confortable circulación autorreferencial y enderece lo torcido, en la dirección propuesta por la Constitución de afianzar la justicia, pronta y también eficaz.
