Paul Samuelson comienza su célebre manual de economía planteando las tres preguntas básicas que tiene que responder todo sistema económico: qué bienes y servicios (y en qué cantidad) se van a producir; cómo se van a producir esos bienes (utilizando los factores de producción: tierra, trabajo y capital); y para quién son dichos bienes y servicios. Por supuesto que el sistema político debe organizarse para responder de modo satisfactorio estas cuestiones.
Hay coincidencia en que nuestro sistema se ha venido comportando de forma deficiente de modo tal que no alcanza a abastecer las necesidades básicas de quienes trabajan y viven aquí , y la necesidad de preguntarse sobre qué debe cambiar, de modo que el “para quien” abarque al 100% de la población.
Pues resulta un fracaso completo de los actores del sistema cuando la lectura de los resultados de años de experimentos fallidos nos demuestra que hoy por hoy,según los resultados de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA, referidos al período julio-octubre de 2021, sólo el 42,1% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos. Mientras que el 9,1% de esta población se encontraba abiertamente desempleada y el 19,2% sometida a un subempleo inestable (realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación). Al mismo tiempo, el 29,6% contaba con un empleo regular pero precario (con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia, pero sin afiliación alguna al Sistema de Seguridad Social). Entre 2019 y 2021, en gran parte por el efecto de la pandemia y de la cuarentena, se vio alterada la participación de la población en el mercado de trabajo y el perfil de los puestos de trabajo disponibles. Entre 2019 y 2020 la tasa de desocupación se incremento de 10,6% a 14,2%. La posterior reactivación, el efecto de un persistente desaliento y las licencias por COVID-19 generaron que en 2021 la desocupación disminuya al 9,1% de la población económicamente activa. En todo el período de la crisis económica sanitaria por COVID la disminución de la actividad comercial y productiva disminuyó la posibilidad de conseguir trabajo y llevo a gran parte de los cesanteados a una situación de desaliento en la búsqueda de empleo. Se estima que de no haberse generado este efecto desaliento y las licencias y suspensiones por enfermedad, la desocupación se habría incrementado a niveles cercanos al 28,5% en 2020 y al 12,5% en 2021 . Por otra parte, el efecto desaliento generó un cambio de composición del mercado de trabajo que amortiguó u ocultó el desmejoramiento de la situación laboral. A pesar de esto, en 2021 solo el 42,1% de la población económicamente activa poseía un empleo pleno de derechos mientras que el 29,6% tenía un empleo precario, el 19,2% un subempleo inestable y el 9,1% una situación de desocupación.
Hasta 2021los ingresos laborales mensuales de los ocupados del sector micro-informal casi no han tenido variación en su capacidad de compra (+1,8%), mientras que la de los trabajadores del sector privado formal disminuyó el 7,7% y la de los del sector publico el 12,3%. Mientras que los trabajadores del sector micro-informal fue un 30,8% menor que el ingreso del total de ocupados Como cuestión estructural, ganan mucho menos los trabajadores residentes en hogares pobres, ya en el Conurbano Bonaerense como en las ciudades del interior del país,y en los trabajadores jóvenes en referencia a los adultos y en las mujeres comparadas con los varones.
El asistencialismo es una parche que no soluciona, un mero paliativo en la decadencia general .En la actualidad hay 141 programas de protección social y ayudas estatales a nivel nacional . Se estima que por día se destinan más de 800 millones de pesos al pago de planes sociales, lo que representa unos 288.000 millones anuales.
Cabe agregar “fuera de programa”: Crisis educativa y de alimentación en la infancia , falta de viviendas y servicios esenciales, discapacidad funcional para los nuevos empleos, y , todo ello en un contexto altamente inflacionario , que corroe ahorros e ingresos a un ritmo del 7 al 10% mensual .
En el caso del Presupuesto 2023, el conjunto de los “servicios sociales” –incluyendo jubilaciones y pensiones – prevé una partida de $18,65 billones, significa 71,7% más que la estimada para el total del corriente año en valores nominales. De ese total, $12,95 billones está asignado a la “Seguridad Social”, principalmente jubilaciones pensiones y planes asistenciales como la Asignación Universal por Hijo (AUH).´Sin fundamento serio se estima una futura desaceleración de la tasa de inflación del 95% estimada al 60%para el cierre de 2023.
NUESTRO PACTO CONSTITUCIONAL BÁSICO CONTIENE LAS PRINCIPALES LÍNEAS POLÍTICAS EN LAS QUE HAY QUE COINCIDIR COMO RESPUESTA A ESTAS CUESTIONES. LOS PRINCIPALES OBJETIVOS GENERALES SON “ASEGURAR LOS BENEFICIOS DE LA LIBERTAD Y EL BIENESTAR GENERAL” POR MEDIO DE “LA UNIÓN NACIONAL, LA JUSTICIA, LA PAZ INTERIOR, Y LA DEFENSA COMÚN”.
Y el “¿para quien?” se responde así: “PARA NOSOTROS, PARA NUESTRA POSTERIDAD Y PARA TODOS LOS HOMBRES DEL MUNDO QUE QUIERAN HABITAR EL SUELO ARGENTINO”.
Todo ello nos habla de necesidad de cambiar lo que se ha venido haciendo hasta hoy pues el fracaso colectivo es evidente. Y nos marca el “para quien” del cambio al desarrollo productivo. El “como” exige claridad de ideas y conductas , agenda consensuada , y compromisos indestructibles sobre la necesidad de cambiar para el bien común.
..Y para ello hay una lección evidente también, frente al actual lamentable escenario de la competencia pre electoral , que en vez de coincidir en una agenda de los rumbos a cambiar, sea quien fuere el electo, parece concentrarse en una riña colectiva sobre cargos a cubrir. No es este el camino…sin duda.
por Roberto Antonio Punte
