¿Está la universidad pública argentina a la altura de lo que fue y de lo que se espera de ella? ¿Es todavía garantía de excelencia? ¿Es un ámbito de verdadero pluralismo? ¿Es incubadora de nuevas ideas y promotora de vanguardias? ¿Es una institución dispuesta a discutirse a sí misma y a mirarse con vocación autocrítica? Son preguntas que deberíamos formularnos en cualquier discusión sobre el futuro.

La universidad ha perdido protagonismo en el debate público pero, aún más grave, ha perdido vitalidad en su debate interno. No se ve a las universidades como espacios de discusión sino, más bien, como estructuras dominadas por un pensamiento único, en las que las voces discordantes han sido acalladas y las discrepancias, casi completamente sofocadas. En la Nacional de La Plata -un caso testigo y paradigmático del sistema público de educación superior– la última reelección del rector se dirimió sin oposición y por una mayoría aplastante: 96% de los votos de la asamblea universitaria. Se lo presentó como expresión de «un consenso histórico». Semejante resultado debería leerse sin embargo como un dato inquietante: ¿no hay disensos?, ¿no hay matices?, ¿no hay diversidad? ¿Son lo mismo los consensos que los arreglos?, ¿no se debe diferenciar mayoría de hegemonía? ¿O se trata de «ir por todo»?

En lugar de alentar la heterogeneidad de pensamiento, las universidades parecen replegadas hacia la uniformidad. Tanto en las cuestiones de su estricta competencia (ingreso, regularidad, financiamiento) como en temas de la agenda pública, las posiciones que contradicen las del establishment universitario son marginadas y estigmatizadas. Se les niega espacio de expresión y se las combate hasta excluirlas.

Sobran ejemplos. Por caso, la Facultad de Periodismo de La Plata maneja una virtual «lista negra» que incluye -nada menos- a los más destacados exponentes del periodismo independiente y profesional de la Argentina. Muchos estudiantes temen denunciarlo (sí, hay temor en la universidad), pero saben que citar en sus trabajos de tesis a Lanata o a Morales Solá (por mencionar solo dos nombres) es «un atrevimiento» que se paga caro, salvo que lo hagan para denostarlos con desparpajo militante. ¿Puede llamarse «de Periodismo» una facultad que no admite la diversidad y que maneja listas negras? Es un símbolo, quizás un caso extremo, pero no una isla ni una rareza excepcional. De hecho, es una facultad que ha podido hacer ostentación de sectarismo sin que ninguna voz de la propia universidad se alzara para marcar discrepancias. Algo no muy diferente ocurre en cátedras de Ciencias Jurídicas, donde (en nombre de una supuesta corrección política) ya casi no se enseña Derecho Penal, sino «defensorismo zaffaroniano».

Hace poco, la Universidad Nacional de La Plata -como institución- prohibió la creación de una cátedra libre «acusada» de promover una postura contraria al aborto, que nos podrá gustar o no, pero es la postura de la legislación argentina. Uno de los argumentos fue que la universidad tiene un «ideario institucional» en favor del aborto. ¿Eso significa la exclusión de cualquier posición contraria? ¿Las posiciones de las mayorías excluyen a las de las minorías? En ese caso, ¿no es una actitud reñida con la esencia del espíritu universitario? Aun cuando hubiera fundamentos para tildar de intolerante a una postura disidente, no permitir que se exprese ¿no convierte al que lo impide en otro intolerante?

La universidad pública tampoco se permite discutir si es éticamente aceptable que en un país con 30% de pobres, el Estado financie indiscriminadamente a los universitarios sin exigirles un rendimiento determinado. En la mayoría de las universidades los estudiantes demoran, en promedio, entre 8 y 9 años en recibirse. Es el doble del tiempo que demanda una carrera. Pero cualquiera que proponga aumentar las exigencias para mantener la condición de alumno regular será tildado, en el acto, de «facho» y reaccionario. La misma acusación con la que han sido acorralados los que proponen exámenes de ingreso para garantizar un buen estándar de enseñanza. En nombre del progresismo se ha renunciado a la excelencia (otra palabra estigmatizada) y se ha debilitado la calidad formativa de las universidades públicas. Claro que conservan reservas de alto nivel científico y académico y aún albergan mentes brillantes en sus cátedras y laboratorios. Pero no tenemos datos rigurosos y confiables sobre la calidad de nuestras universidades. Las mediciones y evaluaciones tampoco son aceptadas.

La universidad pública ha consolidado un núcleo de «temas intocables», sobre los cuales se clausura cualquier posibilidad de debate. Está prohibido hablar de exámenes de admisión, financiamiento alternativo, estímulos por rendimiento, rankings de calidad. Cualquier disidencia sobre esos puntos será fulminada como una postura mercantilista. La resistencia a cambiar, a revisar y a permitir la autocrítica enmascara, en nombre del progresismo, un profundo conservadurismo.

Los colegios de la Universidad Nacional de La Plata son otro caso llamativo. Refractarios al examen de ingreso, lo han reemplazado por el sorteo de la Lotería. No ingresa el que más se esfuerza sino el que tiene más suerte. Prohibido discutirlo. Se ha decretado, con una mezcla de prejuicio y simplismo excesivo, que el examen es «discriminatorio» y resta chances a aquellos que no pueden pagar una preparación particular. ¿No podrían los propios colegios garantizar una preparación igualitaria para todos los aspirantes? Ya está dicho: el tema no admite revisiones ni preguntas. Así es la universidad progresista, enamorada de sus propios dogmas, eslóganes y prejuicios.

También está obturada la posibilidad de evaluar un sistema como el que rige en Uruguay, donde los graduados hacen un aporte para contribuir al financiamiento de la universidad que los formó. La resistencia a analizar alternativas de este tipo ¿no implica falta de solidaridad con los sectores más vulnerables, que no acceden a la universidad? Es otro debate prohibido, como el del arancelamiento de los estudios de grado. La universidad ha hecho exitoso lobby por sus intereses, y ha conseguido que además de estudios gratuitos, los alumnos tengan boleto gratuito, comedor a precio simbólico y hasta albergues para alojamiento gratuito. ¿Por qué no pagan el micro los universitarios (aunque provengan de colegios caros) y sí las empleadas domésticas? Es la «universidad inclusiva» en una Argentina en la que un tercio de la población está excluida. ¿Inclusión o privilegio? Es la misma universidad que atrae a miles de extranjeros, no por su calidad sino por la exótica combinación de gratuidad absoluta, ingreso irrestricto y permisividad ilimitada ante estudiantes crónicos. Aquel que se atreva a ponerlo en discusión será descalificado con otra lluvia de adjetivos.

Lo que tampoco ha merecido debate, ni claridad, son los negocios que varias universidades hicieron con algunos gobiernos. En esto sí muchas han sido innovadoras y audaces; han postergado cualquier prurito sobre el mercantilismo. Así, hubo una universidad que se convirtió en auditora rentada del Fondo del Conurbano de Duhalde, y luego entró en el negocio de las tragamonedas con cobros millonarios por supuestos controles sobre los bingos. Otra recibió abultadas partidas para producir telenovelas que nunca se hicieron y también hay una investigada por desvío de fondos de Desarrollo Social. Defender la universidad pública es defender el pluralismo, la calidad académica y la transparencia. Es defender también la autonomía de verdad, sin alineamientos sectoriales ni anteojeras ideológicas. Quizá haga falta recordarlo, antes de que los eslóganes y el pensamiento único se la lleven puesta.

Por Luciano Román

Fuente: lanacion.com